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Abogados y Contadores rionegrinos en la mira de fiscalía por incompatibilidades

De Diario Río Negro. El 31 marzo, 2013. En Destacado, Política, Río Negro. Tema: , , , . 767 Vistas

La Fiscalía de Investigaciones Administrativas, a cargo de Marcelo Ponzone, requirió listados de matriculados a los diferentes colegios regionales, cuya entrega derivó en debates internos, especulaciones, aplazamientos y distintas respuestas de esas instituciones.

En Río Negro han convivido tradicionalmente profesionales con relación laboral o contractual con el Estado que, a su vez, perciben honorarios –como terceros– de la provincia. Recientemente, la Justicia encabezó esa observación al requerirles la presentación de Declaración Jurada a los peritos y mediadores que prestan servicio a ese Poder. Un porcentaje tiene relación laboral con la provincia y, además, cumplían con esas prestaciones privadas.

Hace algunos días, el presidente del STJ, Enrique Mansilla reafirmó el criterio de la ley de Ética Pública (Nº 3550) de que nadie puede “cobrar dos emolumentos del Estado, sea municipal, provincial o nacional”. Aclaró que “no hay problema si el perito cobra de las partes contendientes, no se permite que el Estado pague a quien ya está cobrando del Estado”. También la fiscalía de Investigaciones avanzó en la incompatibilidad del legislador roquense Luis Bartorelli, que continúa con su profesión médica y como prestador del Ipross, a partir de una presentación de legisladores radicales tras una nota de “Río Negro”.

En cambio, el fiscal Marcelo Ponzone no avanzó en la presunta incompatibilidad, denunciada por la legisladora Magdalena Odarda contra el titular de Minería, Gustavo Ferreira, por sus antecedentes de lazos con empresas mineras.

Ahora Ponzone abrió un expediente “de oficio” por presuntas incompatibilidades en abogados y contadores, seguramente alentado por algún caso. Sus antecedentes ofrecen suspicacias en esta particular exploración. Los colegios detectan rastreos personales pero, igualmente, ese cruzamiento –más allá de la motivación de origen– podría servir para transparentar las fronteras de lo público y lo privado. Los colegios de abogados concentran más de 1.600 matriculados aunque el mayor interés está en la institución capitalina, con 438 profesionales. Figuran, entre ellos, letrados con haberes públicos y, a su vez, partícipes o integrantes de estudios con demandas o patrocinantes en acciones contra el Estado.

El artículo 19 de la ley de Ética Pública enuncia múltiples incompatibilidades en la Función Pública, que incluso tienen una vigencia –según el artículo 21– de “hasta un año después del cese” en el cargo. Entre las exigencias, resulta incompatible con quienes son “proveedores de los organismos del Estado”, planteando esa incompatibilidad “hasta el tercer grado del parentesco”. Otro punto consigna la imposibilidad cuando sea “representante, patrocinante o empleado de una empresa privada” beneficiaria de concesiones o cualquier otra forma de adjudicaciones otorgadas por el Estado. También para quienes realizan “gestiones para obtener una concesión”, “efectuar trámites administrativos” o “recibir directa o indirectamente beneficios originados en contratos, concesiones o franquicias que celebre u otorgue la administración en el orden provincial o municipal.”

En la Fiscalía de Investigaciones Administrativas se acumulan también distintos expedientes, como la denuncia de incompatibilidad planteada al secretario de Minería, Gustavo Ferreira. Este trámite –como muchos otros– casi no registran movimientos por parte del organismo de control.

En realidad esta Fiscalía, con el mando de Ponzone, no se distinguió –hasta ahora– por la pesquisa y la profundización de causas presentadas.

El listado de expedientes pendientes, denunciados en las gestiones anteriores y en el período de Ponzone, contemplan investigaciones por Salto Andersen, los sobresueldos de los funcionarios de Saiz, irregularidades en costos de prótesis, oncológicos y telefónicos del Ipross, gastos de Turismo y los ascensos irregulares en jefes policiales.

Además, el Tribunal de Cuentas espera resultados de expedientes observados por las licitaciones de compras para las cárceles o por erogaciones en Lotería.

Llamativamente, la causa penal originada a partir de la Fiscalía está destinada a explorar la conducta de Ponzone, que tramita el juez Guillermo Bustamante, motivada en una denuncia de una empleada convocada por el fiscal por presunta coacción.

Ponzone tampoco evitó disputas con miembros de otros Poderes. Confrontó, recientemente, con la legisladora del ARI, Magdalena Odarda, a quien solicitó ratifique o rectifique opiniones suyas en relación al funcionamiento de los órganos de control. La parlamentaria entendió esa intimación como “una clara coacción” y anticipó la posibilidad de un pedido de juicio político contra el fiscal de Investigaciones.

Fuente/Autor Diario Río Negro

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