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Concejales de Bariloche repudian tarifazo y piden que se facilite acceso a tarifa social a personas con discapacidad

De Redacción NTI. El 10 junio, 2016. En Actualidad, Cordillera, Río Negro. Tema: , , . 260 Vistas

San Carlos de Bariloche.- Los concejales barilochenses aprobaron las comunicaciones al Gobierno Nacional en donde le solicitan la anulación del tarifazo del gas, la culminación del gasoducto y la definición de una tarifa específica para el consumo de gas, garrafas y GNC para toda la región patagónica. También pidieron que se elimine la exigencia de un certificado médico para que las personas con discapacidad accedan a la tarifa social y la normalización del intervenido Enargas.

Los ediles aprobaron por unanimidad la Ordenanza consensuada en encuentros con ediles, legisladores, diputados y senadores de la región, para que el Presidente y el Ministerio de Energía y Minería de la Nación anule la Resolución 28/16 que autoriza los aumentos de la tarifa del gas natural, ordene no innovar en los valores de las facturas, y que garantice la participación de los consumidores y representantes de las localidades de la Patagonia en audiencias públicas, a fin de analizar las eventuales revisiones tarifarias.

A pesar de que el Intendente de la ciudad llegó a un acuerdo con Coopetel, la envasadora de gas de El Bolsón que proveerá a nuestra ciudad de aproximadamente 1000 garrafas por semana a un costo de 90 pesos cada una, los ediles solicitaron a Nación que se revise el costo de las garrafas y del GNC.
Sancionaron, además, una comunicación para requerir que se evite la superposición de requisitos para el acceso a la tarifa social a personas con discapacidad, ya que se les requiere un certificado médico de un profesional que acredite que la discapacidad implica un mayor consumo del servicio de gas, cuando ya cuentan con el correspondiente certificado de discapacidad. Comprendieron que resulta “discrimitaroria” y “estigmatizante”.

Por otro lado, se aprobó el pedido para la normalización del Enargas, intervenido hace 9 años. Argumentaron que la falta de autonomía priva a los usuarios de un órgano de control imparcial e independiente, y que esa desprotección quedó en evidencia con la falta de respuestas ante los desmedidos aumentos de la tarifa.

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