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Condenan la corrupción radical en el gobierno rionegrino

De Diario Río Negro. El 15 julio, 2015. En Destacado, Policiales y judiciales, Río Negro. Tema: , , . 350 Vistas

El extitular de Viarse, Miguel Pedranti, fue condenado a 2 años de prisión en suspenso e inhabilitación perpetúa para ocupar cargos públicos. El expresidente de Altec, Guillermo Campbell, deberá devolver más de 138.000 pesos.

En el caso de Pedranti, la Justicia condenó a dos años de prisión en suspenso por la utilización de fondos públicos para un asado radical. Rindió facturas por casi $ 8.000 del Comité radical de Luis Beltrán y, en el reciente proceso judicial abreviado, Pedranti admitió la acusación y la Cámara lo condenó por “administración fraudulenta” a dos años y su inhabilitación perpetúa para ocupar cargos públicos.

Puntualmente, el hecho ocurrió en diciembre del 2010 cuando el radicalismo estaba en plena interna para la candidatura a gobernador entre César Barbeito y Bautista Mendioroz. En ese marco político, Pedranti, como presidente de Viarse, percibió un “anticipo de fondos” de $ 8.000 y, luego, presentó distintos comprobantes “de gastos que pretendía justificar un monto de $ 7.454,14”, incluyendo facturas de una carnicería por carne y, entre otros, servicios de sonido y locación del club Social y Deportivo de Luis Beltrán, a nombre del Comité UCR de esa localidad.

La denuncia se formalizó en enero del 2012 con el alejamiento de Pedranti de Viarse y el arribo de Néstor Bidegain a esa conducción con la nueva gestión provincial. Finalmente, este año, el proceso llegó a juicio abreviado en la Cámara Penal, integrada por Carlos Reussi, Jorge Bustamente y Marcelo Chironi.

En la audiencia final, el fiscal Fabricio Brogna manifestó el acuerdo con la defensa de Pedranti por una condena de dos años de prisión en suspenso y la inhabilitación especial perpetua para ocupar cargos públicos como autor del delito de “administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de la administración pública provincial”. Consecuentemente, Pedranti acepta su “culpabilidad”, la “calificación jurídica” y la condena.

Además, esta denuncia contra Pedranti formó parte en enero del 2012 de la ofensiva del gobierno del FpV contra la gestión radical. La misma se ventiló en una conferencia de prensa ofrecida por el exsecretario de Coordinación, Julián Goinhex, asegurando que se había logrado “corroborar que el pueblo financió la campaña de la UCR con recursos del Estado”. En esa acusación, el entonces funcionario contó del retiro de Pedranti de “8 mil pesos para cortesía y homenaje” y fue “una rendición por un asado. Ya es bastante amoral ese uso de fondos públicos”, tras lo cual”, mencionó las facturas a nombre del Comité Radical de Luis Beltrán.

Otro hecho denunciado en esa ocasión consistía en un expediente de Viarse por “más de 260 mil pesos de gasto de impresión”. Goinhex se sorprendía que “la fecha de pago era el 26 de septiembre, es decir, un día después de las elecciones”. “Pido este primer expediente y lo que veo (lo que está siendo auditado) es que de las tres empresas que participan en el concurso de precios, dos de ellas tienen la misma dirección y son las dos empresas que ganan el concurso de precios para hacer distintos trabajos de impresión por ese monto”, explicó. Reiteró distintas irregularidades, como que los remitos “no están firmados”.

En el caso de Campbell, la Justicia ratificó la condena patrimonial del Tribunal de Cuentas contra el expresidente de Altec por irregularidades en el pago por la compra de neumáticos y baterías, cuya recepción en la empresa no pudo comprobarse. El resarcimiento fue fijado -según el cálculo del año pasado- en algo más de 138.000 pesos, responsabilizando a Campbell y el exgerente administrativo Haroldo Lezcano.

El primero presidió Altec durante 13 años y renunció en diciembre del 2003. En el 2004, entre otras causas, la nueva conducción -bajo la presidencia de Adrián Brussino- le imputó estas irregularidades ante la Fiscalía de Investigaciones. El año pasado, el Tribunal de Cuentas condenó a Campbell y Lezcano por el daño patrimonial causado a Altec SE y les exigió inicialmente el pago al Estado de $ 138.934,25 por capital e intereses.

Los condenados patrimonialmente recurrieron a la Justicia y la Cámara Civil rechazó sus planteos.

El primer voto correspondió a la camarista María Luján Ignazi, quien cuestionó inicialmente el trámite en la competencia de los tribunales de Viedma, más allá que se ajustó al criterio fijado por el STJ cuando asignó competencia a esta “sede tribunalicia por el domicilio legal del organismo receptor de las rendiciones de cuentas”. El cuestionamiento, a cargo de Juan Carlos Chirinos, está basado en que Campbell y Lezcano “fueron procesados, llevados a juicio oral y absueltos por el mismo hecho”. Al final, la magistrada rescata el criterio de “la potestad reconocida” al Tribunal de Cuentas “de sancionar las conductas” de los integrantes del Estado “que afecten su adecuado funcionamiento es irrenunciable”. Así, confirma que “una misma persona sea reprochada o inclusive castigada en dos ámbitos diferentes de responsabilidad” porque el Derecho Penal y el Derecho Administrativo “no tutelan el mismo bien jurídico”. Esa postura fue acompañado por la jueza Sandra Filipuzzi y, frente a la mayoría, el camarista Ariel Galinger se abstuvo.

 

Fuente/Autor Diario Río Negro

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