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Córdoba: fiscales dictaron prisión preventiva a 35 acusados por los saqueos

De Agencia Telam. El 6 enero, 2014. En Argentina, Policiales y judiciales. Tema: , , , . 501 Vistas

Dos fiscales de Instrucción de la ciudad de Córdoba dictaron 35 prisiones preventivas contra imputados por los robos y saqueos que se produjeron entre el 3 y el 4 de diciembre pasados, durante el acuartelamiento y huelga que realizó la Policía provincial.

El fiscal Raúl Garzón (Distrito III, Turno 7, de la ciudad de Córdoba) dispuso la medida contra diez personas, mientras que su par, José Mana (Distrito I, Turno 3) hizo lo mismo respecto de otros 25 imputados, según se conoció hoy.

Por su parte, las fiscales Adriana Abad y Jorgelina Gutiez, que también investigan los hechos ocurridos junto a Garzón y a Mana, tienen que resolver la situación de 75 y 30 personas, respectivamente.

Al dictar las prisiones preventivas, Mana aseguró que los imputados “se apoderaron de las calles con claros fines ilícitos, generando una gran perturbación pública donde personas y bienes se encontraban en un estado de total indefensión merced a la carencia del personal policial”.

El fiscal consideró “particularmente grave” lo sucedido, porque se perjudicó “la tranquilidad social y la sensación de sosiego de las personas, nacida de la confianza de que pueden vivir en una atmósfera de paz social, por lo que los actos de vandalismos indiscriminados en ese contexto produjeron una alarma colectiva que afectó gravemente la regular convivencia”.

Días atrás, respecto de las imputaciones adoptadas, el fiscal Garzón había manifestado a la prensa: “como principales razones tuve en cuenta que se trató de un obrar inusual y sumamente grave. Se trata de conductas no sólo reprochables desde lo técnico penal, sino que se desplegaron ante los ojos de todos, en una noche en la que faltó la seguridad que debe brindar el Estado”.

Las particulares circunstancias en que se produjeron estos “robos calificados”, según el funcionario judicial, hicieron que “se contribuyera a desatar la sensación de una suerte de guerra de todos contra todos, algo que sale del obrar delictivo común”.

Garzón tuvo en cuenta en el momento de imputar o de disponer preventivas el hecho de que “muchos (de los acusados) no contaban con antecedentes y tenían ocupaciones, y hasta estudios universitarios en algunos casos, lo que merece un reproche especial, porque revela que eran personas insertadas socialmente”.

De acuerdo con el fiscal, la decena de imputados que, en su caso, se encuentra con prisión preventiva, “algunas ya confirmadas por jueces de Control”, pertenecen a “los casos más graves” de los 80 que se están investigando.

Los fiscales avanzan con el relevamiento de material fílmico y el análisis de información volcada en las redes sociales durante las 48 horas caóticas de la capital mediterránea cuando, en medio de la huelga policial, se volcaron en las redes imágenes, consignas de incitación al delito y confesiones.

La investigación tuvo un comienzo contundente con la detención inmediata de cerca de 200 personas, muchas de las cuales obtuvieron luego la excarcelación mientras prosiguen imputadas por los delitos de “robo calamitoso”, “encubrimiento agravado”, “agresiones” y “daños calificados”.

Garzón reveló que aún no hay ningún miembro de la policía cordobesa detenido, pero advirtió que la causa avanza en conocer los vínculos familiares y profesionales de las personas imputadas con efectivos de la fuerza de seguridad.

Si bien hasta el momento no hay policías acusados, fuentes judiciales confirmaron que los cuatro fiscales, mediante una nota, pidieron al jefe de la Policía, Julio César Suárez, la nómina del personal que sí cumplió servicios entre el 3 y el 4 de diciembre, para ahondar en la investigación y posible conexión entre los ya imputados con los efectivos que sí intervinieron en la huelga.

La saqueos, según el fiscal, se centraron en productos “de segunda y tercera necesidad” y, en ningún caso, se detectaron alimentos u otros de primera necesidad, por lo que “las penas podrían ser superiores a los tres años de prisión, y por ende de cumplimiento efectivo”.

Tucumán: amenazaron a la fiscal que investiga la sedición policial

La fiscal que investiga una presunta sedición de policías antes y durante los saqueos del año pasado, un funcionario provincial y el padre de Paulina Lebbos, la joven asesinada en 2006, fueron amenazados vía telefónica en las últimas horas, se informó.

 

Los mensajes, coincidentes en sus términos, les piden que “dejen de joder a la Policía” o de lo contrario van a sufrir las consecuencias ya que “van a ser ´boleta´”, según las amenazas realizadas.

Los destinatarios son Alberto Lebbos, padre de Paulina, la fiscal Adriana Gianonni y el secretario de Seguridad, Paul Hofer, todos vinculados con las investigaciones a la Policía.

Gianonni, titular de la fiscalía VIII, investiga una presunta sedición de policías antes y durante los saqueos de diciembre en Tucumán, denuncia que fue impulsada por los funcionarios de seguridad, entre ellos el secretario Hofer.

Lebbos, por su parte, lleva adelante denuncias contra la Policía por encubrimiento en la investigación del crimen de su hija, y hace unas semanas fueron condenados tres ex integrantes de la fuerza en un juicio en el que también estuvieron involucrados ex jefes de la repartición.

Las amenazas también fueron realizadas a periodistas del diario local La Gaceta

Lebbos se presentó ante la fiscala de Feria, María de las Mercedes Carrizo y radicó la denuncia y aclaró que “no es la primera amenaza que recibo pero no vamos a parar hasta que se sepa quién mató a mi hija y quiénes encubrieron el crimen”, advirtió.

Paulina desapareció el 26 de febrero de 2006 y su cuerpo fue hallado el 11 de marzo de ese año en un barranco ubicado al costado de la ruta 341, en Tapia, aunque habría sido estrangulada el día de su desaparición.

Actualmente hay dos personas detenidas al ser considerados sospechosos de cometer el crimen.

Las amenazas también fueron realizadas a periodistas del diario local La Gaceta, según publica el matutino en su edición de hoy.

Luego de conocerse las amenazas, el gobierno provincial emitió un comunicado en el que sostiene que “no se permitirá que esto suceda impunemente”.

“La situación está siendo investigada y desde el Poder Ejecutivo se pone a disposición todo lo que sea necesario para llegar a los responsables”, agrega el comunicado.

“El Gobierno de Tucumán se solidariza con quienes han recibido las amenazas, y repudia cualquier acto de presión y extorsión hacia cualquier ciudadano”, añadió el escrito.

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