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Crónicas del frustrado allanamiento de Oyarbide

De NTI. El 14 marzo, 2014. En Argentina, Destacado, Policiales y judiciales. Tema: , , , , . 922 Vistas

El Juez Norberto Oyarbide suspendió un allanamiento en curso en la Asociación Mutual Propyme tras recibir un llamado telefónico del subsecretario Legal y Técnico de la Presidencia, Carlos Liuzzi, quien le advirtió además sobre un presunto pedido de coimas y maltratos que los policías estaban propinando a los allanados durante el procedimiento.

Este hecho, ocurrido el 19 de diciembre pasado, conocido esta semana, desató gran polémica por tres motivos: el primero por la ilógica injerencia del Poder Ejecutivo por sobre el Judicial ¿dónde está visto que un funcionario del gobierno le diga a un juez que hacer y que no?; el segundo por el hecho en sí del pedido de coimas y maltrato policial; y el tercero por la propiedad del allanado, que no sólo resulta ser amigo del funcionario sino, se sospecha además, es un importante financista mayorista que manejaría dinero “negro” de la obra pública, de ahí el motivo del allanamiento que había dispuesto el Juez.

El allanamiento

Fue el 19 de diciembre pasado en donde policías federales pidieron al dueño de la financiera Propyme un soborno de 300 mil dólares a cambio de frenar el operativo que había firmado el juez federal Norberto Oyarbide.

En las cámaras de seguridad de la financiera se puede ver a la comitiva policial de la Difoc (División Investigaciones Federal de Organizaciones Criminales) al ingresar a la sala de recepción del lugar y en la que aguardaban clientes para ser atendidos.

Tal como declararon testigos en la causa, el allanamiento fue violento, ya que los policías amenazaron utilizar un ariete para abrir la puerta de ingreso, ante la demora de los empleados en hacerlo. Algunos de ellos incluso amenazaron con desenfundar sus armas.

El oficial Ángel Castro, según el dueño de la financiera, Guillermo Greppi, aquel el encargado de pedirle un soborno de 300 mil dólares a cambio de frenar el operativo, a lo que él se negó.

Castro -según el testimonio de Greppi- cumplía órdenes del subcomisario Fabio Ascona, quien ya avanzado el operativo y ante la negativa del empresario en pagar el soborno, se hizo presente en la financiera ubicada en Maipú 311.

Uno diez videos se analizan en el juzgado federal a cargo de Luis Rodríguez, quien intenta determinar si existió realmente como dicen los testigos el pedido de soborno, y si el mismo surgió de parte de los policías por cuenta propia o bien si los efectivos cumplieron órdenes de Oyarbide.

Es que los policías y en especial el oficial Castro aseguró que él sólo cumplía órdenes del juzgado de Oyarbide, quien ese día ordenó ese y otros veinte allanamientos en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero.

Por su parte, el juez Oyarbide quedó en el ojo de la tormenta no sólo a raíz del escándalo sobre el presunto pago de sobornos, sino porque él mismo reconoció que dio la orden de suspenderlo al recibir un llamado de Carlos Liuzzi, segundo de Carlos Zannini en la secretaría Legal y Técnica.

Por ese llamado que el juez reconoció en un oficio en el que dio explicaciones a sus superiores, Oyarbide ya afronta una denuncia penal y múltiples acusaciones en el Consejo de la Magistratura.

El allanado habló con Jorge Lanata

“Llamé a Liuzzi porque es un amigo de la vida, lo conozco desde hace 30 años”. Guillermo Greppi

Greppi afirmó que ante la agresividad de los policías que allanaban su empresa, la Asociación Mutual Propyme, decidió pedir ayuda a un comisario mayor, “un amigo”, pero éste le dijo que no podía hacer nada. Ante la negativa del uniformado, el financista llamó a Liuzzi.

“Me comuniqué con Liuzzi cuando no dábamos más, nos estaban arrastrando las computadoras por el pasillo, había clientes dentro, necesitaba preservar la empresa. Ante la impotencia de que un comisario me diga ‘no puedo hacer nada’, decidí llamarlo”, sostuvo Greppi. Según su testimonio, los policías le habían pedido una coima de 300 mil dólares, que luego “pesificaron”, solicitando “tres millones de pesos”.

Luego, Greppi insistió en descartar connotaciones políticas a su vínculo con Liuzzi. “Tuve la bondad de conocerlo hace 30 años; él no es político, es funcionario. Esto no tiene nada que ver con lo político, me ayudó como amigo”, agregó.

Greppi descartó tener vinculaciones con el financista Fernando Caparrós Gómez, con Pablo Schoklender y con el programa de construcción de viviendas Sueños Compartidos. “No conozco a Zannini, no conozco a De Vido, mi empresa no es financiera del Gobierno, no tenemos cheques de las Madres de Plaza de Mayo, no tengo nada que ocultar”, enfatizó.

Finalmente, Greppi defendió a Liuzzi y dijo que pone “las manos en el fuego por él”. “Es una persona que no nació el día que empezó a trabajar en la Casa Rosada, tiene bienes de tiempo atrás, lo sobreseyeron porque no había nada que mirar. Pongo las manos en el fuego por su moral, por su amistad y por su hombría de bien”, afirmó.

Para Greppi, Liuzzi no cometió ningún delito al interceder ante Oyarbide para frenar el allanamiento a la Asociación Mutual Propyme. “Sólo le dijo a Oyarbide que estaban masacrando a un amigo”, concluyó.

El enojo de Cristina

Luego de trascender el escándalo, la presidenta de la nación, Cristina Fernández, se apareció a media tarde del miércoles en el despacho de Carlos Zannini. La conversación duró unos minutos, pero fue intensa. Si algo había quedado claro en la Casa Rosada era el fastidio de la mandataria que expresaba en su rostro.

La confesión del magistrado puso de manifiesto la polémica relación que mantienen algunos funcionarios del Gobierno con la actividad privada. El titular de la financiera, Guillermo Greppi, admitió a este medio que cuando se produjo el allanamiento se comunicó con Luizzi para informarle que lo “estaban saqueando”. En otras palabras, que el financista pidió ayuda al funcionario, quien luego se comunicó con Oyarbide. Los policías habían intentado allanar el inmueble de manera violenta, y lo intimaron a Greppi a pagar una coima.

El subsecretario de la Secretaría Legal y Técnica tiene la responsabilidad de redactar todos los decretos y proyectos de ley del Ejecutivo nacional. De 56 años, durante el kirchnerismo multiplicó su patrimonio 38 veces su patrimonio, cuando pasó de $189.339 en 2003 a $7.226.160 a finales de 2011, según una nota del diario Perfil. La segunda y actual esposa de Zannini, Patricia Alzúa, es prima hermana de la ex mujer de Liuzzi, Gloria Martínez.

“Todo lo que hace Liuzzi lo hace por indicación de Zannini, es su mano derecha”, aseguraron en la Casa Rosada.

Juri al magistrado

Se presentó una acusación contra Oyarbide en el Consejo de la Magistratura pero los representantes del kirchnerismo se negaron ayer a tratarla en la reunión plenaria del cuerpo.

Una fuente que participó de la reunión se quejó a por la actitud del oficialismo: “Por la mañana decían que ellos no tenían por qué defender a Oyarbide y que iban a acelerar el tratamiento por la gravedad del tema, pero a la tarde cambiaron el discurso y tiraron la pelota para el jueves que viene”.

En el sector que representa a la oposición había dos posturas. La más dura, del consejero Alejandro Fargosi, quien en soledad presentó una moción para suspender de manera inmediata Oyarbide y pidió que se inicie el proceso de remoción de magistrados al juez.

En cambio, para evitar posibles pedidos de nulidad, los consejeros radicales Mario Cimadevilla y Oscar Aguad, un juez y un abogado propusieron citar a Oyarbide para que haga un descargo voluntario, lo que habilitaría a la comisión de disciplina a suspenderlo.

Pero desde el kirchnerismo, los consejeros Carlos Moreno y Marcelo Fuentes argumentaron que esa maniobra hubiera violado el reglamento interno pues no estaba en el orden del día y tras amenazar con retirarse del plenario, lograron posponer la decisión para la reunión de la Comisión de Disciplina y Acusación, que se realizará el próximo jueves.

Al consejo ingresaron tres denuncias, además de las que tres diputados presentaron en la Justicia Federal: una iniciada por la Cámara Federal, otra del diputado Manuel Garrido y la última del senador Cimadevilla, quien al término de la reunión dijo a Infobae que “una vez más quedó demostrado que Oyarbide es un juez del poder”.

 

Fuente/Autor NTI

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