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El bloque FpV se interiorizó sobre el avance en la causa administrativa por sobreprecios

De NTI. El 18 Noviembre, 2015. En Destacado, Política, Río Negro, Viedma y Patagones. Tema: , , , . 327 Vistas

El legislador Roberto Vargas junto al Secretario Legislativo Aldo Spessot se presentaron ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas de Río Negro para interiorizarse de los avances en la auditoría que indaga los sobreprecios en la compra de alimentos por parte del Ministerio de Desarrollo Social de Río Negro.

“Desde el Bloque se ve con buenos ojos que desde el organismo de control se vele por el cumplimiento de los procedimientos técnicos administrativos y se preserven los recursos e intereses de todos los rionegrinos.
Al FpV le interesa el avance en esta y otras investigaciones que motivaron el pedido de interpelación al Ministro de Desarrollo Social, Fabián Galli”, afirma el bloque en un comunicado difundido a la prensa.

Respecto al avance de la investigación ayer el diario Río Negro, originario denunciante de este hecho, publicó un informe emitido por la propia Fiscalía que confirmaba la denuncia, ratificando en el mismo la existencia de sobreprecios superiores al 50% de los valores normales al publico.

La Fiscalía afirmó que “el precio del módulo estimado en abril” y el valor “preadjudicado” en setiembre por el Estado “resulta en todos los casos superior a los valores” logrados por la Fiscalía “en base a los precios” de “proveedores mayoristas” (Casa Ignici), con un 36,6%, un supermercado de venta al público (Unicoop), con un 50,8% y el listado de Precios Cuidados, con un 55,1%, consigna el medio de prensa valletano.

El expediente de Desarrollo Social sigue en la Fiscalía y así la compra del Estado rionegrino no se concretó, pero la preadjudicación establecía un costo de 14.610.000 pesos.
Frente a los valores logrados por la Fiscalía, ese total preveía pagos adicionales entre 3,9 millones y 5,1 millones, según las cotizaciones mayores y menores relevadas por ese organismo, concluye.

El fiscal no descarta la presentación de una denuncia penal

El informe de auditoría al que tuvo accedo el diairo de General Roca “describe la participación en el trámite” del ministro de Desarrollo Social, Fabian Galli, como también, de la secretaria Patricia Fernández y al asesor legal de esa cartera, Guillermo Gironde. Consigna al subsecretario de Suministros, Gabriel Vouillat al preparar pliegos y cumplir con la licitación. También menciona que la comisión de preadjudicación se integró con Olga Alonso de la Contaduría General; Germán Carranza de Suministros; y Mariela Teti de Desarrollo Social.

Según su ley de la Fiscalía de Investigaciones (N° 2394), Ponzone puede “denunciar ante la justicia competente, los hechos que, como consecuencia de las investigaciones practicadas, sean considerados como presuntos delitos, notificándolos a la Fiscalía de Estado”.

Por otra parte, según la ley 2747 del Tribunal de Cuentas, el fiscal puede requerirle a ese órgano que se apliquen sanciones a los funcionarios. El artículo 12 prevé “aplicar multas de hasta el 50% de la retribución mensual” a los “responsables morosos de rendiciones de cuentas, una vez vencido el término de emplazamiento”, y ” los responsables de transgresiones legales o reglamentarias, aun cuando no hayan causado perjuicio a la hacienda pública”, finaliza el informe el diario Río Negro.

 

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