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El Estado aplicará un nuevo mecanismo para contratar alquileres con los particulares

De NTI. El 7 junio, 2012. En Destacado, Legislativas, Río Negro. Tema: , . 584 Vistas

La Legislatura aprobó hoy el proyecto de ley presentado por el presidente del bloque del Frente para la Victoria, Pedro Pesatti, que permitirá establecer un mecanismo objetivo para la determinación de los valores de los alquileres que el Estado provincial realice con los particulares.

Para ello, la norma determina “establecer que el valor máximo de los montos de los alquileres mensuales de oficinas, locales y viviendas se determinará aplicando un porcentaje entre el 0,8 por ciento y el 1,2 por ciento del doble del valor fiscal del inmueble, cuando el Estado provincial sea el locatario”.

Al proponer esta iniciativa, explicó el autor, “hemos buscado fijar algun criterio que le sirva al Estado para garantizar sus intereses al momento de tener que alquilar”.

Acompañó a este efecto, una nota del área de Ejecución de Obras Públicas que se agregó al expediente “que pone en evidencia la falta de un instrumento por parte de la Provincia” cuando debe recurrir a este tipo de operación inmobiliaria.

El funcionario explicó en la misiva la necesidad de que los funcionarios habilitados para efectuar las contrataciones “sean los responsables de demostrar la razonabilidad del precio a convenir” y requirió “agregar la valuación fiscal como elemento de juicio, la cual se desprende del impuesto inmobiliario” y “contemplar los valores de plaza, considerando las características físicas de ubicación del inmueble, grado de necesidad del mismo y su destino”.

Pesatti comentó que en el presupuesto vigente, el Estado “destina para alquiler de oficinas, locales y viviendas unos 23 millones y medio de pesos y en lo que va del año ya se ha gastado el 25 por ciento de lo presupuestado”.

En los argumentos que acompañan a la iniciativa, el titular del bloque oficialista explicó que la base del cáculo se basa en que los inmuebles que son construidos con el objetivo de obtener renta y no para ser utilizados por los particulares como vivienda, tienen un período de amortización de 20 años.

Con el sistema propuesto, “en los 10 primeros años, se cubriría el monto de la inversión, quedando los 10 años restantes de vida útil (del bien alquilado) como ganancia neta para el propietario del inmueble”.

Por otra parte, al reconocer que “ante la falta de infraestructura propia y acondicionada, el Estado provincial se ha visto en la necesidad de realizar contrataciones de edificios, locales y viviendas con oferentes privados de inmuebles”, pudo observar que este tipo de operaciones se concretan a “montos siderales que poco tienen que ver con criterios objetivos, como por ejemplo la calidad de los inmuebles o los valores que se manejan en el mercado”.

Círculo vicioso

Agregó al respecto que la “participación en el mercado inmobiliario del Estado como demandante en estas condiciones, sobre todo en las ciudades administrativas, termina distorsionando los precios y generando efectos en función de que se trate de demandantes de vivienda o de comercios”.

“El efecto más directo y evidenciable es el encarecimiento en el costo de vida, debido a la importancia que esta cuestión tiene en función del tipo de necesidad que la misma viene a satisfacer. El actual funcionamiento del Estado como locatario, termina ocasionando que los valores inmobiliarios guarden poca o nula relación respecto de los ingresos percibidos por los asalariados”.

“Se termina desplazando de la escena a los pequeños y medianos comerciantes, que se ven obligados a pagar montos similares o quedarse sin la posibilidad de acceder a los inmuebles, situación que resulta no sólo injusta, sino que también atenta contra el bienestar general resintiendo la actividad económica”, explicó el legislador justicialista.

De esta manera, indicó entre otros conceptos, “se entra en un circulo vicioso: El Estado alquila pagando montos muy elevados con lo que no permite alquilar a los comerciantes. Estos al no poder alquilar no abren comercios, lo que disminuye la actividad económica; menor actividad económica tiene como resultado necesariamente menor recaudación de impuestos para la provincia junto con un nivel de desocupación mayor”.

“A estos efectos deben agregársele también todos los beneficios indirectos que se pierden y que guardan relación con la actividad, como por ejemplo transporte, generación de mano de obra en las actividades relacionadas al sector comercio y menor asentamiento de profesionales” describió entre las consecuencias del actual sistema de arrendamiento de inmuebles por parte del Estado.

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