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El Superior Tribunal de Justicia ratificó su criterio de no conceder beneficios a imputados por violencia de género

De NTI. El 5 diciembre, 2016. En Actualidad, Destacado, Policiales y judiciales, Río Negro, Sociedad. Tema: . 224 Vistas

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Viedma.- En un reciente fallo, el STJ rechazó un recurso interpuesto por un defensor público de Cipolletti que pretendía el beneficio de la “suspensión de juicio a prueba” para un hombre que violó una prohibición de acercamiento dictada por una jueza de Familia en el contexto de una causa por violencia de género.
La suspensión de juicio a prueba es una vía judicial alternativa al juicio que permite suspender el juzgamiento de un acusado si éste acepta someterse a una serie de pautas de conductas y cargas que le impone el Tribunal, como realizar tareas comunitarias, ofrecer una reparación económica y/o pagar la multa prevista para el delito imputado. Así, durante el tiempo definido por el Tribunal, el acusado queda “a prueba”. Si cumple todas las pautas ordenadas, el caso se cierra sin que quede antecedente penal alguno a la persona y sin que la probation signifique haber confesado el delito. Si no cumple, el proceso de probation fracasa y el caso debe seguir su trámite hasta el juicio común.
Entre los impedimentos para acceder a la “suspensión de juicio a prueba” se estableció que no podrán solicitar el beneficio los imputados en causas por violencia de género.
En el caso de Cipolletti el procesado se presentó en la esquina del domicilio de su ex pareja y la víctima, al observar esta situación, debió esconderse durante una hora en el interior de un comercio.
Luego de ese incidente, el imputado la llamó al teléfono fijo de su vivienda y describió cómo estaba vestida, le manifestó que quería ver a sus hijas y la amenazó diciéndole que sabía todos sus movimientos, sus horarios y sus actividades, y asimismo cómo y dónde encontrarla.
Tal hecho fue calificado como desobediencia a una orden judicial, esto es, la prohibición de acercamiento decretada por la Juez de Familia la cual le había sido debidamente notificada.
El defensor del procesado solicitó el beneficio de la “suspensión de juicio a prueba” ante la Cámara Primera en lo Criminal de Cipolletti. Alegó que se trataba de un delito contra la administración pública (la desobediencia a una orden judicial) y no de un delito de género.
La Cámara Primera rechazó tal solicitud y el defensor interpuso una casación, también denegada. En esas circunstancias redactó un recurso de queja ante el STJ que no fue admitido. En consecuencia, el STJ confirmó la decisión de la Cámara en lo Criminal.

Argumentos de jueces del STJ

“Así, en el precedente STJRNS2 Se. 95/13, este Tribunal sostuvo que los incumplimientos de medidas cautelares ordenadas por la Juez de Familia deben ser investigados y eventualmente sancionados en sede penal, ya que de esa manera el Poder Judicial cumple con los compromisos asumidos por nuestro país al suscribir tratados de derechos humanos relativos específicamente a la violencia contra la mujer, la que encuentra su reconocimiento normativo en la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (Convención de Belém do Pará, ratificada por Argentina a través de la Ley 24632).
(…) La política de persecución criminal establecida por la Procuración General en su Resolución Nº 1/11, art. 3º dispone la abstención de propiciar la aplicación de criterios de oportunidad o consentir beneficios a favor de quienes hayan vulnerado los derechos y bienes jurídicos tutelados por la norma penal hasta tanto no se encuentre claramente y tácticamente acreditado que la víctima mujer no volverá a ser objeto de nueva vulneración a sus derechos.
Tal situación de hecho y prueba no se verifica en el caso en examen, dado el propio relato del ilícito imputado, de modo tal que la negativa del Agente Fiscal es correcta por cuanto, como se dijo, responde a la política fijada por el órgano correspondiente, acerca de la cual en los términos mencionados- la jurisdicción no posee injerencia y, además, porque se adecua a la postura de este Cuerpo que, con fundamento en el fallo “Góngora” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, rechaza la aplicación del instituto en trámite para los casos enmarcados en un contexto de violencia de género.
Lo anterior atiende a las obligaciones internacionales de actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer (art. 7.b de la Convención de Belém do Pará), de modo que el Poder Judicial no puede permanecer ajeno frente al supuesto incumplimiento de sus órdenes y medidas que justamente tienen como finalidad la prevención de nuevos episodios contra las mujeres, como es el caso de las restricciones cautelares dispuestas.
Por lo tanto, la negativa del Ministerio Público Fiscal era fundada y, en consecuencia, resultaba vinculante para la Cámara, como también es doctrina legal del Superior Tribunal que, por conocida, creo innecesario mencionar”.

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