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Fiscales y defensores piden la reforma de la Constitución provincial para poner en marcha el nuevo Código de Procesamiento Penal

De NTI. El 9 noviembre, 2016. En Actualidad, Destacado, Policiales y judiciales, Política, Río Negro. Tema: . 222 Vistas

Viedma.- La Procuradora General de la provincia, Silvia Baquero Lazcano, elevo una nota al Gobernador, el Vicegobernador, la presidenta del STJ, y a la presidenta de la Comisión interpoderes que analiza la reforma e implementación del Código Procesal Penal; en la misma dice que es imposible ponerla en marcha, si no se reforma la Constitución provincial.

La reforma del CPP en la provincia, debería comenzar a ser una realidad en marzo del próximo año, sin embargo los integrantes del Ministerio Público, que con esta reforma asumirán un protagonismo total en la investigación, ademas de ser responsables de la defensa, luego de discutir los alcances de la nueva etapa, resolvieron comunicarle a las cabezas de los distintos poderes del Estado que sin una reforma de la Constitución provincial es imposible.

Argumentan, que “Si un órgano se ocupa de definir las políticas de persecución penal no puede, simultáneamente, definir las políticas de la defensa pública, cuyos objetivos -precisamente- son asegurar los mecanismos que permitan salvaguardar la defensa en juicio de quienes son perseguidos penalmente”.

“No están dadas las condiciones” para implementarla, dicen en un segundo punto de la nota porque  pondrá a los fiscales a la cabeza de las investigaciones, lo que llevara a que a la tarea de el ejercicio de la acción penal y la puesta en funcionamiento de la persecución del delito, requiera de condiciones previas e imprescindibles que hoy “no estarían dadas”. Cuando se refieren a estas condiciones destacan la necesidad de una “real y efectiva autonomía funcional y autarquía financiera, esto último en la medida en que se resolviese que el Ministerio Público Fiscal constituya un órgano intrapoder”. Lo cual desembocaría en la necesidad de crear una agencia de Investigaciones Penales, para la cual deben contar con personal debidamente capacitado y en un numero importante, por lo que no seria posible lograrlo para marzo del año que viene.  “Esto puede ser el embrión de aquella Agencia de Investigaciones Penales -o Policía Judicial- a la que alude la Constitución Provincial y el Código Procesal Penal”, dicen en este punto.

Argumentan, en otro apartado que “De acuerdo a los escasos recursos, y como fuera mencionado, la falta de disposición y administración de los mismos con los que cuenta el Ministerio Público Fiscal al día de la fecha, no resulta factible atender de modo eficaz y adecuado las exigencias que el nuevo Código Procesal Penal pone a su cargo”. Sugieren que solo la IV Circunscripcióon estaría en condiciones. Pero que un cambio en el esquema, traería aparejado un gran perjuicio para mas de 14.000 expedientes en curso que pasarían a ser tramitados por el Ministerio Público y se verían resentidas las nuevas causas.

Apelando a su responsabilidad, finalizan la nota diciendo que  “Los miembros del Ministerio Público Fiscal somos plenamente conscientes de las muy trascendentes obligaciones que tenemos a cargo y de las repercusiones colectivas que ellas conllevan, tanto en lo que se refiere a la efectiva persecución del delito como a la consecución de la paz y el orden social. Y porque efectivamente nos encontramos consustanciados con estos objetivos nos vemos ante la necesidad de advertir sobre la indispensable superación de las incompatibilidades y obstáculos que a la fecha complotan contra los fines mencionados”

Lo cierto es que desde la Justicia, aparece un tema que el gobierno viene instalando, en una típica estrategia comunicacional, la necesidad de la reforma constitucional. Ahora la Procuración le suma un argumento de peso. Que aunque hayan pasado 4 años desde que se comenzó a trabajar en la reforma, sostiene los fiscales y defensores, no están dadas las condiciones para llevarla a la practica, si no se reforma la Constitución.-

 

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