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General Roca: La justicia ordenó la remediación ambiental de estación de servicio abandonada

De NTI. El 21 Febrero, 2017. En Actualidad, Alto Valle, Destacado, Policiales y judiciales, Río Negro. Tema: , . 88 Vistas

General Roca.- La titular del Juzgado Civil y Comercial N° 3 de Roca, Andrea de la Iglesia, condenó a la empresa Pego S.A. a recomponer el daño ambiental ocasionado por la contaminación del predio de Avenida Roca y Alsina de esta ciudad, donde funcionó hasta el año 2002 la estación de servicio “Rhasa” que la firma operaba. La demanda fue promovida por la Municipalidad de Roca en el marco de un amparo ambiental regido por la Ley Provincial de Protección de Intereses Difusos y/o Derechos Colectivos (N° 2779), y en el fallo se precisó como objetivo final la “remediación del daño generado en el suelo, aire y agua por contaminación con hidrocarburos en el predio y zonas aledañas”.
La jueza ordenó a la empresa presentar un Plan de Remediación -elaborado por expertos acreditados y ajustado a las normas de seguridad y técnicas establecidas por el Ministerio de Energía y Minería de la Nación-, al tiempo que le impuso una serie de pautas para asegurar el cumplimiento “a lo largo de todo el proceso y hasta su culminación” del “deber de información” que imponen la Ley General del Ambiente y la Constitución Nacional.
Por otra parte, la magistrada dispuso que el Estado Nacional (Ministerio de Energía y Minería), la Provincia de Río Negro y la Municipalidad “deberán intervenir en forma complementaria” con la empresa, participando “en forma activa” y “según sus facultades y obligaciones” en el proceso de recomposición del daño ambiental.
A la Provincia (Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable) y al Municipio les requirió, entre otros puntos, un “Plan de Gestión de Residuos Especiales” adecuado al caso y les indicó que “deberán activar y proseguir” sus respectivas actuaciones administrativas vinculadas con este proceso. También les encomendó acciones de prevención y seguridad en la zona afectada durante las obras, teniendo en cuenta “tanto la peligrosidad de la actividad que debe desarrollarse para lograr la remediación como las molestias que ello ha de generar”.
Además, la jueza dio intervención a la fiscalía competente en la temática ambiental para que pueda desplegar en la causa las amplias facultades que le confiere la normativa vigente en materia de tutela ambiental, fiscalización del proceso de remediación y promoción de acciones ante hipotéticos incumplimientos.
Finalmente, a todos los involucrados en el proceso (empresa, Nación, Provincia, Municipio y Ministerio Público Fiscal) la jueza les fijó un plazo para que propongan consideraciones o medidas complementarias a las ordenadas en el fallo, para procurar “un mejor aprovechamiento de los plazos procesales” y de los “esfuerzos que deben realizarse” para lograr el saneamiento, anticipando que “previo a dar comienzo a cualquier trabajo de remediación, serán convocados a una audiencia” en el Juzgado para conformar un estricto plan de seguimiento de las tareas a desarrollar.

“Orden público ecológico”

Con los antecedentes del caso, la jueza concluyó que se encuentra afectado el “orden público ecológico”, por cuando la contaminación quedó debidamente acreditada, con el agravante de estar localizada en la zona céntrica de Roca, en un área de “gran circulación de vehículos, de peatones, la presencia de viviendas residenciales aledañas, de locales comerciales e incluso un hotel frente al predio que es motivo de esta acción”. Teniendo en cuenta recientes precedentes del STJ en la materia, sostuvo que “deberán extremarse por demás las medidas, actividades, métodos y/o prevención de contingencias para el logro de la finalidad buscada en esta acción -remediación del suelo, aire y agua- a los fines de evitar y/o prevenir efectos nocivos, peligros aún mayores, ante el comportamiento químico que puedan generar los agentes contaminantes en oportunidad de realizarse tales tareas”.
Invocando los lineamientos de la Ley General del Ambiente (Ley Nacional 25.675, sancionada en 2002), la jueza concluyó que Pego S.A. es “objetivamente responsable” de la contaminación y le corresponde cargar con “los costos que demanden las acciones preventivas y correctivas para la recomposición del ambiente afectado”. Sin embargo, precisó que la misma ley impone el “principio de subsidiariedad”, por el cual “el Estado Nacional (…) tiene la obligación de colaborar y de ser necesario, de participar en forma complementaria en el accionar de los particulares en la preservación y protección ambiental”. Asimismo, la norma obliga a “los distintos niveles de gobierno” a ejecutar acciones “tendientes a asegurar el cumplimiento” de los principios establecidos en aquella ley.
Es por eso que dispuso que “la responsabilidad y compromiso (…) hasta la culminación” de las tareas “deberá ser colectiva, abarcativa, coordinada, de promoción, de información y fortalecimiento por parte de la demandada -específicamente- y de los distintos estamentos estatales”. Para así resolver, la jueza hizo un pormenorizado análisis de las competencias que, como autoridades de aplicación de distintas leyes ambientales, corresponden a cada nivel del Estado. En ese punto, advirtió que sin esas intervenciones estatales “este proceso no podrá lograr su fin ni podrá garantizarse la neutralización y/o minimización de los riesgos ínsitos en la remediación”.

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