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La Legislatura aprobó el Código Procesal Administrativo en Río Negro

De NTI. El 29 abril, 2016. En Actualidad, Destacado, Policiales y judiciales, Política, Río Negro. Tema: , , . 335 Vistas

Viedma.- La Legislatura de Río Negro transformó hoy en Ley la iniciativa del Superior Tribunal de Justicia al aprobar el primer Código Procesal Administrativo que – a partir de su publicación – será de aplicación obligatoria en todos los procesos judiciales en los que el Estado y/o sus entes desconcentrados sean parte.

La aprobación del Código es el paso inicial hacia la creación del fuero especial administrativo, una deuda pendiente desde la sanción de la Constitución Provincial del año 1988.

De acuerdo al texto aprobado hoy, en un plazo máximo de cinco (5) años deberá crearse e implementarse el fuero específico, lo que implicará la puesta en marcha en cada Circunscripción Judicial de juzgados de Primera Instancia con competencia en lo administrativo, lo que a su vez descongestionará la carga de trabajo que hoy en día registran los juzgados Civiles debido a la alta incidencia que tienen en ella los litigios del Estado; fundamentalmente ejecuciones fiscales y cuestiones de responsabilidad.

Hasta tanto ello suceda, la competencia continuará asignada a los juzgados de primera instancia y Cámaras Civiles, quienes a partir de la vigencia del Código Procesal Administrativo deberán integrar con sus disposiciones las propias del Código Procesal en lo Civil y Comercial o de la ley P 1504 toda vez que la Provincia o los Municipios sean parte.

En materia contencioso administrativo Laboral, la competencia permanecerá en cabeza de las Cámaras del Trabajo, de conformidad a lo expresamente dispuesto por el art. 209 de la Constitución Provincial.

La idea que animó la iniciativa fue la de no innovar en las actuales prácticas tribunalicias, trasladando al texto del proyecto los criterios jurisprudenciales hoy vigentes y que surgen de la doctrina obligatoria del Superior Tribunal de Justicia y dar seguridad jurídica a través de un marco procesal seguro y previsible para los ciudadanos  que tengan conflictos con el Estado.

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