Diario Río Negro

“Las mejores tierras rionegrinas están improductivas porque están concentradas en manos de propietarios que han retirado el ganado y las tienen, en el mejor de los casos, como lugar de esparcimiento, cuando no como mero recurso de especulación”

De Diario Río Negro. El 7 diciembre, 2015. En Destacado, La Frase, Legislativas, Río Negro. Tema: , . 370 Vistas

La frase fue extraída del informe que la Comisión Investigadora de Transferencias de Tierras Rurales a cargo del legislador César Miguel (FpV) elevó a sus pares y funcionarios del gobierno provincial.

La titularidad, el dominio, el uso y la legalidad de los trámites de enajenación de casi medio millón de hectáreas rionegrinas fueron objeto de estudio en los últimos cuatro años, a partir de la presentación de 141 denuncias radicadas ante la Comisión Investigadora para el Relevamiento de Transferencias de Tierras Rurales, que presidió César Miguel.

Ese órgano legislativo funcionó desde 2012 hasta la fecha y concluyó su labor con la presentación de un extenso informe sobre lo actuado que deja abiertas líneas de trabajo para profundizar en relación a la necesidad de ordenamiento y regulación de las políticas públicas que tiendan al acceso a la tierra para el equilibrado desarrollo entre urbanización y producción.

La investigación llevada a cabo mediante un abordaje interdisciplinario en el que se entrecruzaron documentos y análisis históricos, antropológicos y geográficos elabora un exhaustivo diagnóstico de los procesos que desencadenaron lo que se considera un “(des)ordenamiento territorial que debe repararse de manera urgente”.

Inicialmente, la creación de la Comisión de fundamentó en la necesidad de desarrollar una visión estratégica del Estado para fortalecer el acceso a la tierra para el trabajo. Entre sus objetivos estaba garantizar a la población rionegrina la recuperación dominial de las tierras fiscales que fueron transferidas bajo protocolos jurídicos simulados o fraudulentos.

De hecho, ese objetivo pudo cumplirse en el caso de las más de 24.600 hectáreas de la meseta de Somuncura que el Estado recuperó mediante un trámite que fue ratificado en la Justicia provincia y que involucró a agentes inmobiliarios y ex funcionarios provinciales y otra venta de 32 hectáreas en El Bolsón, también ejecutada a precios irrisorios.

Pero la comisión fue más allá de esa cuestión de reparación de las irregularidades burocráticas y profundizó la mirada mediante la suscripción de un convenio de colaboración con la Universidad de Río Negro, cuyo investigadores, bajo la coordinación de Lorena Cañuqueo, Laura Kropff, Pilar Pérez y Julieta Wallace y la participación de una veintena de alumnos, profesores e investigadores, desarrollaron una detallada recopilación de datos que redundó en el informe de más de 300 páginas que fue distribuido la última semana a legisladores entrantes y actuales autoridades para que puedan avanzar en la labor.

En las conclusiones la investigación destaca que “queda claro que el eje articulador de las políticas públicas en relación al ordenamiento territorial debe ser la cuestión de la tenencia de la tierra. El atraso de Río Negro desde el punto de vista productivo y, por ende, social tiene que ver con las característcas de la tenencia”.

Asegura además que “las mejores tierras están improductivas porque están concentradas en manos de propietarios que han retirado el ganado y las tienen, en el mejor de los casos, como lugar de esparcimiento, cuando no como mero recurso de especulación”.

Adjudica al Estado la responsabilidad de la situación a raiz de su ausencia ya que “no implementa medidas concretas fundamentadas en un pensamiento estratégico”.

La Comisión propone que los distintos poderes del Estado se involucren en la tarea.

SEIS ZONAS CON DIFERENTES REALIDADES

El informe enumera un incalculable volumen de datos precisos en relación a las áreas estudiadas. Se divide en tres partes. La primera presenta el trabajo de la comisión en referencia “a las 141 denuncias recibidas y lo enmarca sobre la situación de (des)ordenamiento territorial de la provincia”.

La segunda pone el foco en el contexto histórico y jurídico. Por ejemplo en uno de los capítulos presenta el proceso histórico de producción del espacio social y en otro indaga sobre los fallos judiciales y resoluciones del Ejecutivo vinculadas a casos presentados ante la Comisión.

Finalmente, la tercera parte se dedica al análisis cualitativo de procesos divididos en seis zonas en las que se dan la mayor cantidad de denuncias. En el Manso y El Foyel, se focaliza en la extranjerización de la tierra; se hace una trayectoria histórica de las reservas Ancalao y Cañumil en la zona de Ñorquinco; se analiza la relación entre los pequeños productores y las estancias en los parajes del oeste del río Pichileufu; se estudian los mecanismos de concentración de tierras por parte de casas comerciales en cercanías de Comallo; se profundiza acerca de la superposición conflictiva de políticas públicas en la costa atlántica y Valle Inferior y, por últímo, se observan las consecuencias del cruce social entre el poblamiento más antiguo y el que surge de la actividad petrolera en Catriel.

En definitiva, con los análisis, los documentos, las propuestas y el amplio trabajado desarrollado por la Comisión y el equipo de investigadores, quedó disponible para futuros funcionarios y actores sociales interesados en la temática, un material de consulta indispensable para la elaboración de estrategias de intervención en la problemática del acceso a la tierra que podría redundar en políticas públicas acertadas que tiendan a un ordenado, sustentable e inclusivo desarrollo de la región.

 

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