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Masacre de Patagones: Junior, en un psiquiátrico

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A ocho años de la tragedia escolar que conmovió a todo el país y marcó a fuego la pequeña ciudad bonaerense de Carmen de Patagones, unos 1000 kilómetros al sur de la Capital Federal, el autor del múltiple crimen pasa sus días internado y bajo una estricta supervisión judicial.

Rafael Junior Solich, de 23 años, tenía 15 aquel 28 de septiembre de 2004, cuando mató a tres compañeros de colegio e hirió a otros cinco. Hoy está internado en una clínica neuropsiquiátrica en el Gran Buenos Aires.

El dato, según confirmaron a LA NACION desde el Juzgado de Familia N° 4 de esta ciudad, a cargo de Silvia Mendilaharzo, que sigue la causa (N° 1503/10), de carácter reservado, iniciada en febrero de 2010, para tramitar la internación de Solich. “Lo único que podemos informar es que esta persona se encuentra internada y con un estricto control y supervisión del juzgado”, se informó.

Con el paso del tiempo, la inicial protección y reserva judicial derivada de la edad de Junior fue sumando incógnitas y alimentando rumores que rodearon su destino y convirtieron su figura en un fantasma que sigue atormentando a sobrevivientes del episodio y a sus familiares.

“Hay chicos muy afectados por no saber y cada vez que los veo preguntan dónde está Junior. Sería muy importante para ellos que oficialmente lo informen porque hay muchos que piensan que se lo pueden encontrar por la calle”, contó Marisa Santa Cruz, madre de Federico Ponce, que, junto a Sandra Núñez y Evangelina Miranda, murieron en el aula.

Para Claudia Kloster, madre de Pablo Saldías, uno de los cinco heridos, “no saber da una sensación horrible y hace pensar que se ha protegido más al victimario que a las víctimas”.

La falta de información también perjudica el avance de los reclamos judiciales abiertos en demanda de resarcimientos. Las 16 causas abiertas en el fuero civil, que reparten sus reclamos hacia el Estado nacional y bonaerense por una cifra global estimada en unos 10 millones de pesos, esperan sentencia en la justicia federal de Bahía Blanca, entorpecidas por una diligencia hasta ahora infructuosa: la notificación de la familia Solich.

En varios de los expedientes acumulados en el Juzgado Federal N° 2 de Bahía Blanca, cuya titularidad se encuentra vacante y está siendo subrogado por la jueza Ana María Araujo, los querellantes intentaron notificar sin resultado a los Solich. En la oficina de Prefectura de Ensenada, donde revista el padre de Junior, se negaron a recibir el aviso judicial.

Las peripecias fueron relatadas por los abogados patrocinantes de las víctimas que accionaron en busca de resarcimiento por las muertes, las heridas y el daño psicológico. El letrado Sergio Mindel, que representa a la familia Ponce, dijo: “Es increíble, pero no hemos podido dar con la ubicación de la familia Solich, parece que nadie sabe dónde está”.

Las autoridades educativas bonaerenses no lograron determinar si hubo responsabilidad de los ocho agentes educativos, entre directivos, docentes y psicólogos del establecimiento. Si bien las fuentes consultadas en la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia indicaron que los sumarios administrativos se hallaban en trámite en el Tribunal de Disciplina, no supieron explicar los motivos por los que esos procesos no fueron resueltos.

Ayer, un grupo de padres de las víctimas hicieron llegar a los medios una carta en la que piden justicia y reparaciones económicas, además de quejarse de la indiferencia y la falta de respuestas por parte de las autoridades.

“Los políticos y funcionarios de turno se interesaron por salir en la foto y demostrar solidaridad, pero cuando el ruido se calló uno por uno fueron desapareciendo”, indican.

También pidieron no olvidar a los sobrevivientes: “Chicos que casi pierden la vida, que han quedado con secuelas irreparables. Chicos que deben vivir cada día con el recuerdo del espanto y del horror. Y sobre todo, chicos que sienten que viven en una sociedad sin memoria y sin justicia”.

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Diario La Nación (www.lanacion.com.ar)

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