NTI

Massaccesi denunció penalmente a los funcionarios del Gobierno de Río Negro

De NTI. El 19 marzo, 2014. En Destacado, Policiales y judiciales, Río Negro. Tema: , . 434 Vistas

Más de 300 funcionarios rionegrinos que fueran dados de baja por el decreto 44/2014, junto a los firmantes del mismo, el gobernador Weretilneck y el ministro Di Giacomo, fueron denunciados penalmente ante el Juzgado N° 4 por el ex gobernador rionegrino Horacio Massaccesi por “usurpación de títulos y honores”, “abuso de autoridad” y “malversación de fondos públicos”.

Texto completo de la denuncia:

“FORMULA DENUNCIA

El que suscribe viene a presentar formal denuncia penal de acuerdo a los hechos que a continuación se exponen y que se desprenden de los documentos públicos que en forma de Decretos dictara el gobierno de Río Negro involucrando a más de trescientos funcionarios y que motivan una serie de conductas que a nuestro criterio ameritan ser investigadas y eventualmente calificadas en la legislación penal.

1. HECHOS
El Gobierno de Río Negro con fecha 31 de enero del 2014 con las firmas del Gobernador Alberto Weretilneck y el Ministro de Gobierno Luis Di Giácomo dictó, amparándose en el artículo 181 Inciso 3 de la Constitución Provincial, el Decreto 44 que en su parte dispositiva dispone “Dar de baja a partir del 31 de enero las designaciones de los Señores Funcionarios que integran la estructura de Autoridades Superiores de la Provincia de Río Negro, según se individualiza en el Anexo I que forma parte del presente decreto”.

El mencionado Anexo 1 del Decreto 44 efectivamente enumera un listado de Autoridades Superiores que salvo los Ministros del Gabinete comprende la totalidad de los funcionarios de la administración del Estado Provincial.

Promediando el mes de febrero comenzaron a dictarse decretos de designación de parte de los funcionarios comprendidos en el Anexo 1 del Decreto 44 disponiéndose designaciones en las diferentes áreas donde se habían producidos las bajas.

A pesar de la inédita situación que genera el acto gubernamental, (funcionarios dados de baja en masa), todo señala que nadie abandonó los cargos, antes bien se mantuvieron en los mismos sin la legitimidad de la correspondiente designación. Mantenerse en el cargo conlleva el uso de todos los atributos que el mismo comprende: uso de viviendas oficiales, vehículos, choferes, uso de los bienes y servicios públicos (atención del personal de maestranza, teléfonos celulares, etc).

Se debe suponer que no se han dictados resoluciones administrativas en este lapso de irregular permanencia en los cargos, posibilidad que también deberá investigarse. Basta razonar, por el absurdo, si un ciudadano ingresa a una repartición del gobierno (Departamento de Aguas, Dirección de Obras Públicas, Subsecretaría de Desarrollo Social, etc) y se instala en el despacho correspondiente y comienza a dar órdenes, solicita un listado de llamadas, reclama los diarios del día y pregunta si está listo el coche oficial. No debiera pasar de minutos para que intervenga la policía ante la denuncia de cualquiera que observa esta conducta criminal. Esta es la situación pública y notoria que han producido las contradictorias decisiones del gobierno, y que culminan en conductas que deberán ser investigadas, y en su caso sancionadas de acuerdo al Código Penal.

Asimismo se observa que los decretos que producen las designaciones lo hacen con retroactividad al 1 de febrero del 2014 con lo cual deberá investigarse si se han pagado salarios por tareas no efectuadas. La contradicción es palpable: si no se trabajó se usurpan títulos y funciones, si se dispusieron tareas se ejerció una autoridad no legitimada, si se aduce no haber hecho nada de esto ¿cuál es la razón por las que se les paga?

Al momento de esta presentación el cuadro descripto se mantiene: personas al frente de reparticiones, dictando órdenes o subordinando personal, pendientes de una o ninguna designación, otros designados con afectación de sueldos por tareas no efectuadas. En resumen, un conjunto de situaciones de hecho notoriamente violatoria de las normas y que sólo surge de la confrontación de los Decretos oficiales y de las públicas y notorias situaciones de hecho.”

No era difícil imaginar una medida de este tipo dado que como bien dice el denunciante, no se puede ejercer un cargo público sin estar debidamente nombrado en él, hecho que la secretaría Legal y Técnica y los órganos de contralor, deberían haber sabido y notificado al gobierno.

Por otra parte esta situación era, hasta hace un par de semanas atrás, la comidilla cotidiana, de los pasillos de algunos organismos, donde, incluso en voz muy alta, algunos agentes públicos de planta permanente, azuzaban a sus pares con desobedecer las órdenes, e incluso “echar” del lugar, al funcionario del área por no estar debidamente nombrado.

 

Fuente/Autor NTI

NTI

Redacción Central Nuevo Tiempo Informativo - redaccion@nuevotiempo.info

Ver otros artículos de NTI

Comentarios sobre esta nota: