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Otro síntoma de fin de ciclo k: La justicia pone contra las cuerdas al gobierno

De NTI. El 17 Noviembre, 2015. En Argentina, Policiales y judiciales. Tema: , , . 475 Vistas

La Metropolitana allanó el Central por orden de Bonadio, quien además sito a indagatoria al Ministro de Salud, Daniel Gollán, por sobreprecios en el Plan Qunita. Un fiscal pidió investigar la venta de acciones de YPF a Eskenazi.

El juez federal Claudio Bonadio ordenó a la Policía Metropolitana que allane el Banco Central en el marco de la investigación contra Alejandro Vanoli y el resto del directorio de la entidad por presunta defraudación contra la administración pública en la venta del denominado dólar futuro.

La causa, en la que Vanoli y sus colegas de directorio fueron imputados por el fiscal federal Eduardo Taiano, se inició por una denuncia que los diputados opositores Federico Pinedo (PRO) y Mario Negri (UCR) presentaron el pasado 30 de octubre.

En su dictamen, Taino consideró que había elementos suficientes para que se abra un expediente. En ese sentido, la denuncia apuntó que el Banco Central vendió dólares “a futuro” a marzo a $10,65 por divisa norteamericano, cuando con el precio del mercado de Nueva York se podría hacer por entre 14 y 15 pesos. Si el dólar escapa a las proyecciones del BCRA, podría tener un costo de hasta $30.000 millones para las arcas del Central.

Como algunas de las medidas probatorias, el fiscal había pedido que el BCRA especifique el momento en el que comenzó a aplicarse el sistema de venta de contratos a futuro de la divisa norteamericana y bajo qué norma. Le había solicitado, asimismo, el listado de las operaciones bajo esta política, indicando quiénes fueron los compradores y la cantidad.

También pidió que la entidad explique qué injerencia tuvo el directorio en la planificación y ejecución de este sistema de venta de contratos futuros a dólares. Y de igual forma, que aclare si hubo cambios en el nivel de reservas en el período que se implementó esa operatoria y si generó cambios en la política cambiaria anual. Y en caso de ser así, cómo se tomó la decisión y cómo se comunicó.

Otra de las medidas probatorias incluyó al Rofex, el mercado donde se operan los futuros, que también deberá dar explicaciones. Según la denuncia penal, tiene que informar por qué se cambiaron los límites de los contratos de venta de dólar oficial a futuro en los últimos meses.

Por su parte, Negri había explicado al presentar la denuncia que buscaban saber “si, además de favorecer con la especulación financiera, alguien hizo algún tipo de negocio”.

Investigación sobre el Plan Qunita

En otra causa, esta vez por supuesto pago de sobreprecio y contratación irregular en el Plan Qunita, Daniel Gollán, ministro de Salud de la Nación, se presentó hoy por la mañana a declarar en indagatoria en el juzgado a cargo de Claudio Bonadio. Está imputado junto a otros funcionarios nacionales y empresarios por su participación en la licitación de insumos para abastecer el Programa Qunita, un negocio de 1100 millones de pesos.

Gollán llegó unos minutos antes de las 11 al cuarto piso de Comodoro Py. Lo acompañaba su abogado defensor, Ezequiel Klainer, y un policía de su custodia. En un breve contacto con la prensa, explicaron que el ministro se iba a enterar de la imputación en su contra para, en otra ocasión, presentar un escrito con su descargo. Eso fue lo que sucedió. No declaró y prometió realizar una presentación.

Bonadio llamó a indagatoria a Gollán, su antecesor en el cargo hoy gobernador de Tucumán, Juan Manzur, y al jefe de Gabinete, Aníbal Fernández. Manzur debe presentarse mañana y Fernández, el jueves.

Por el caso, ya pasaron por el despacho de Bonadio el viceministro de Salud y militante de La Cámpora Nicolás Kreplak, quien se había negado a declarar.

Funcionarios de Salud que intervinieron en la licitación y los integrantes de las empresas que fueron favorecidas con el millonario negocio se presentaron ante el juez en las últimas semanas.

Para el magistrado, la licitación fue direccionada desde el Ministerio de Salud para favorecer a empresas que no tenían antecedentes en el ramo de la provisión de artículos para recién nacidos.

Según fuentes judiciales, al jefe de Gabinete pidió la nulidad del requerimiento de instrucción realizado por el fiscal Eduardo Taiano por la que se impulsó la investigación del caso.

En tribunales explicaron que el pedido de nulidad contra el impulso del fiscal no suspende el llamado a indagatoria, por lo que Fernández deberá concurrir el jueves, tal como estaba previsto.

Reclaman a directores de YPF por su presunto vaciamiento

Un abogado dueño de un porcentaje testimonial de acciones de YPF, pero que también representa a ex trabajadores de la petrolera, Ricardo Paz Herrera, apuntó contra 51 actuales y ex directores, incluidos el titular de YPF, Miguel Galuccio; el propio Kicillof; el mandamás de Repsol, Antonio Brufau; los accionistas argentinos Enrique y Sebastián Eskenazi, y el subsecretario de Coordinación del Ministerio de Planificación, Roberto Baratta, estrecho colaborador de De Vido desde 2003, entre otros, por “Vaciamiento de empresa” previo a la estatización de la petrolera, en el pago y cobro a la familia Eskenazi de 1.700 millones de dólares.

Paz Herrera planteó que los responsables de YPF perjudicaron a sus accionistas con un supuesto vaciamiento multimillonario que se habría concretado en dos etapas.

La primera, según la demanda, ocurrió entre 2010 y 2011, cuando se habría “permitido el pago de dividendos en exceso a las ganancias que arrojó YPF”, es decir, la supuesta maniobra de vaciamiento en sí.

Por esta primera fase, Paz Herrera apuntó contra Brufau, los Eskenazi, Baratta y los restantes integrantes del directorio de YPF entre 2010 y 2011, al igual que a todos los entonces miembros de su comisión fiscalizadora. Sin embargo, el reclamo no se agota allí. Como parte de la segunda etapa, el accionista también apuntó contra todo el directorio de YPF y la comisión fiscalizadora que designó la presidenta Cristina Kirchner en 2012. Les endilgó “haber dejado prescribir el reclamo a favor de YPF” que debieron presentar -y no presentaron- por aquel supuesto vaciamiento de los años anteriores.

Pero Paz Herrera invoca al propio Gobierno para defender su reclamo. Recordó que Kicillof afirmó que se decidió tomar el control de la petrolera “para salvarla de la disolución y el vaciamiento”, y así se expuso en cuatro tramos distintos del “Informe Mosconi”.

Ese mismo argumento se volcó en los fundamentos que la Casa Rosada presentó para expropiar el 51% de sus acciones a través de la ley 26.741. Allí remarcó “la política depredatoria llevada adelante en la Argentina por Repsol, y la contracara del agudo proceso de desinversión y vaciamiento de la principal firma de nuestro país”, en alusión a YPF.

El Gobierno abandonó esa acusación, sin embargo, cuando acordó con los españoles pagarles una indemnización y retirar todo eventual reclamo por lo que Kicillof llegó a calificar de “saqueo”. Pero, ahora, un accionista ínfimo tomó esa posta.

Fuente: Infobae. La Nación y Telam

 

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