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Piccinini denuncia “fraude constitucional”

De Diario Río Negro. El 27 noviembre, 2014. En Destacado, Legislativas, Río Negro. Tema: . 414 Vistas

La legisladora por el Frente para la Victoria, Ana Piccinini, calificó como un “fraude constitucional” la firma del decreto de necesidad y urgencia emitido por el gobernador Alberto Weretilneck por el cual se declara la emergencia de la obra pública en la provincia.
A partir de esta iniciativa se autoriza al Poder Ejecutivo a aplicar en forma retroactiva el régimen vigente de redeterminación de precios en los contratos de la obra pública.

Piccinini expresó que cuando se dicta un decreto de estas características se despliega un comportamiento excepcional o imperfecto en el Sistema Republicano. “Aquí se está arrogando facultades de otro Poder. En forma expresa se obliga al gobernador a enviar el decreto a la Legislatura a fin de sanear o corregir el defecto de origen. Hay materias que le están vedadas”, puntualizó.

Pero destacó que el que está obstruyendo su tratamiento es el propio presidente de la Legislatura, Pedro Pesatti, que tiene ante este trámite un rito expreso con plazos a cumplir tanto en la Constitución como en el Reglamento de la Cámara.

“El Presidente del Cuerpo y de Labor Parlamentaria no está cumpliendo. No convocó a reunión de Labor Parlamentaria y no convocó a Sesión Especial para tratarlo. El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) hoy, así como están las cosas, perdió su eficacia”, subrayó.

Piccinini agregó que para que este decreto tenga validez hay que tratarlo. “La aprobación tácita (transcurso de los 90 días) presupone que se ha habilitado el trámite, que empezó el trámite legislativo tal lo impone la reglamentación. El transcurso del tiempo no se pensó para consumar ocultamientos, para eludir debates, para silenciar opiniones, se pensó para el caso de que la Legislatura no se ponga de acuerdo y prolongue el debate desnaturalizando la necesidad y urgencia que funda esta excepcionalidad, dijo la diputada provincial quien agregó que se le está impidiendo al propio Poder Legislativo reunirse para debatirlo.

“Se está cometiendo fraude constitucional cuando se pretende utilizar el plazo de 90 días para convalidar un acto excepcionalmente otorgado al Gobernador. El Mandatario podría estar bloqueando en connivencia con la autoridad legislativa su tratamiento, su análisis, y la obligación de informar sobre fondos, su disponibilidad, empresas abarcadas obras contenidas, entre otros puntos”, aseveró.

 

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