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Pollicita requirió la imputación a Cristina Fernández por la denuncia de Nisman

De Agencia Telam. El 14 febrero, 2015. En Argentina, Destacado, Policiales y judiciales. Tema: , , . 487 Vistas

El fiscal federal decidió dar curso a la investigación iniciada por el colega fallecido, por supuesto encubrimiento a los iraníes acusados de haber atentado contra la AMIA. “Es un golpe de estado en proceso desde un sector del Poder Judicial”, dijo la diputada Juliana di Tullio.

En un requerimiento de 62 carillas dirigido al juez de la causa, Daniel Rafecas, el fiscal dio por buenos todos y cada uno de los componentes de la controvertida denuncia que Nisman presentó el 14 de enero, en la que denunciaba un “plan criminal” ideado por el gobierno para dar impunidad a los iraníes.

En sintonía total con aquella presentación de Nisman, Pollicita requirió ahora que también se investigue al canciller Héctor Timerman, por la hipotética puesta en marcha de un “plan delictivo” supuestamente consumado con la rúbrica del acuerdo del 2013, luego ratificado por el Congreso.

En su requerimiento, el fiscal solicitó diversas medidas de prueba que no fueron divulgadas pero, a diferencia de Nisman, no pidió que se indague a la Presidente ni al canciller.

La investigación impulsada por Pollicita no contempla ninguna de las pruebas aparecidas tras la denuncia original de Nisman, en especial aquellas que desmentirían la hipótesis central del acuerdo denunciado por el fiscal de la causa AMIA: el supuesto pedido argentino de dar de baja las “alertas rojas” que permitirían la detención de los cinco iraníes acusados apenas salgan de su país.

Tras aquella denuncia de Nisman, el ex jefe de Interpol, el norteamericano Ronald Noble, rechazó en dos oportunidades esa suposición y declaró que el fiscal “miente” al denunciar un supuesto pedido del canciller Timerman, ya que, además de no haber existido, quien debía hacer el pedido era el juez de la causa, Rodolfo Canicoba Corral, que lo había formalizado.

El propio Canicoba Corral reiteró hoy, luego de conocerse el accionar asumido por el fiscal a cargo de impulsar la denuncia de Nisman, que “nadie del Poder Ejecutivo” le “pidió el levantamiento de las alertas rojas”.

En su escrito, Pollicita dio crédito a todas las afirmaciones de Nisman sobre la existencia de una “diplomacia paralela” organizada desde el propio gobierno que habría sido detectada en unas 5.000 horas de escuchas telefónicas sobre el referente de la comunidad chiita porteña, Jorge Alejandro”Yussuf” Khalil, denunciado como supuesto contacto del gobierno iraní.

Los restantes imputados por Pollicita son los mismos que había pedido Nisman, y corresponden a los que aparecen, aunque sea mencionados, en esas comunicaciones: el diputado Andrés Larroque; el ex fiscal federal Héctor Yrimia, los dirigentes sociales Luis D`Elía y Fernando Esteche, y el falso espía Ramón “Allan” Héctor Bogado.

Entre las medidas de prueba pedidas por Pollicita que no se conocieron figuraría, en primer término, la desgrabación de esas miles de horas contenidas en unos 900 CD y que fueron entregados por Nisman al juez Ariel Lijo, quien se declaró incompetente aduciendo que la causa de encubrimiento que tramita su juzgado refiere al periodo 1994-2004, cuando el juicio por el atentado se declaró nulo.

Esas tareas de desgrabar y ordenar cientos de registros demandaría varios meses, acaso hasta luego de las elecciones de octubre, y será el primer problema que deba ahora resolver el juez Rafecas, apenas se reinstale el miércoles próximo en su despacho.

Rafecas, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 3, resolvió cancelar su licencia que le había sido concedida hasta el 22 de febrero próximo y reasumir este miércoles sus funciones luego de que el fiscal Pollicita le devolviera el expediente que se iniciara por la denuncia de Nisman.

“Esta confabulación habría sido orquestada y puesta en funcionamiento por las altas autoridades del gobierno nacional argentino, con la colaboración de terceros, en lo que constituye un accionar criminal configurativo, según refiere la denuncia, de los delitos de encubrimiento por favorecimiento personal agravado, impedimento o estorbo del acto funcional e incumplimiento de los deberes de funcionario público (arts. 277 incisos 1 y 3, 241 inciso 2 y 248 del Código Penal de la Nación)”, dice Pollicita en su requerimiento.

Hoy por la mañana, antes de que el fiscal difundiera su dictamen pero cuando ya todos los canales informativos comenzaban a anunciarlo, la Procuración del Tesoro de la Nación que asume la representación del Estado nacional en los litigios, hizo una presentación ante el juzgado de Rafecas.

En el escrito de 68 páginas se destacó que “no existe prueba alguna, ni siquiera de carácter ‘indiciario'” que demuestren la existencia de conductas de la Presidenta u otros miembros del gobierno “susceptibles de ser encuadradas en ilícitos penales” previstos por el Código Penal.

La presentación aportó una decena de documentos oficiales como elementos de prueba, entre ellos para los documentos técnicos del Ministerio de Economía desechando que el acuerdo con Irán se basara en supuesto trato de “granos por petróleo”, así como las comunicaciones de Noble refutando la aseveración inicial de Nisman.

Golpe de Estado

La presidenta del bloque de Diputados del Frente Para la Victoria, Juliana di Tullio, se expresó sobre el avance que efectuó el fiscal Gerardo Pollicita en la causa que impulsaba el fiscal Alberto Nisman y manifestó que “es un golpe de estado en proceso desde un sector del Poder Judicial”.

Juliana-Di-Tullio

En el mismo sentido, la responsable de la bancada oficial afirmó que a un sector de la justicia “se le fue la mano” y marcó que “se les nota mucho y la gente se da cuenta”.

“En un solo día le dan curso a una denuncia sin fundamentos, que debería haber sido desestimada, contra la Presidenta de la República y pocas horas después otro fiscal hace una imputación descabellada contra el Jefe de Gabinete de Ministros, el Ministro de Salud y la Ministra de Desarrollo Social”, sentenció di Tullio.

Además, la diputada indicó que “también hoy un periodista de la corporación mediática amenazó al hijo de la Presidenta” al referirse a las declaraciones de Jorge Lanata que anunció que “estamos cerca” de que el juez Bonadio cite a declarar a Máximo Kirchner.

“Estos intentos desestabilizadores no los sufre nuestro Gobierno nada más, los padece todo el pueblo argentino”, analizó di Tullio.

Finalmente sostuvo que “lo mismo que pasa en nuestro país, sucede en la región” y agregó: “Sino miremos el intento de golpe que sufrió esta semana Venezuela o lo que sufrió la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff; o la misma Michelle Bachelet, en Chile”.

 

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