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Suspensión y sumario al juez Bernardi

De Agencia Periodística Patagónica. El 1 abril, 2015. En Destacado, Policiales y judiciales, Río Negro, Viedma y Patagones. Tema: , , , . 476 Vistas

El Consejo de la Magistratura, de la primera circunscripción judicial de Río Negro, resolvió hoy en sesión pública la suspensión preventiva e iniciación de sumario contra el juez de la Cámara Penal de Viedma Juan Bernardi, imputado en una causa por probable abuso y prostitución de menores.

El cuerpo adoptó la medida por voto unánime de sus ocho miembros, al entender que el magistrado acusado podría haber cometido “graves desarreglos de conducta” y “actos que atentan contra la dignidad de la función”, según lo previsto en la Constitución de Río Negro y la ley orgánica del Poder Judicial de esta provincia.

Según se desprende de la causa, que llevan adelante el juez Favio Igoldi y el fiscal Juan Puntel, Bernardi habría participado en su casa quinta de las afueras de Viedma de reuniones con un grupo de menores, que estaban bajo guarda judicial en un instituto dependiente del ministerio de Desarrollo Social de la provincia.

Es materia de investigación si el juez ahora suspendido puede ser acusado de los delitos de abuso y corrupción de esas menores; pero el Consejo de la Magistratura consideró que mientras dure el proceso “es necesario preservar al magistrado, otorgarle facilidades para que pueda ejercer su defensa, y liberarlo de la responsabilidad de su función en la cámara del Crimen”.

Mientras se encuentre suspendido a Bernardi se le retendrá el 20 por ciento de sus haberes, suma que le deberá ser reintegrada si resultase sobreseído o absuelto de la acusación fiscal.

Antes de entrar en la cuestión de fondo el Consejo analizó la recusación planteada por Bernardi contra la presidenta subrogante del Superior Tribunal de Justicia y titular del organismo de enjuiciamiento, Liliana Piccinini, por presunta “enemistad manifiesta”.

Según el escrito del juez imputado esa animadversión de Piccinini contra su persona se habría originado en el año 2003 cuando él, en su carácter de juez de instrucción, procesó a un hijo de la actual vocal del Superior Tribunal de Justicia por el delito de lesiones culposas en accidente de tránsito.

Tras el descargo de Piccinini, quien dijo que aquel hecho “se produjo en el marco de una actuación preventiva y quedó totalmente en el olvido”, el Consejo votó por unanimidad en rechazo al planteo de recusación.

El cuerpo sesionó bajo la presidencia de Liliana Piccinini, con la presencia de todos sus consejeros titulares: Marcelo Chironi, por el fuero penal del Poder Judicial; los abogados Leandro Oyola, Gastón Suracce y Néstor Torres, por el colegio profesional local; y los diputados Arabela Carreras, Adrián Casadei y Jorge Barragán, por la Legislatura.

Como sumariantes del caso fueron designados los consejeros Chironi y Suracce. La reunión se desarrolló en el auditorio del palacio de Tribunales, en Viedma, con la asistencia de unos 40 integrantes de la comisión de vecinos autoconvocados en contra de la trata.

Antes, en horas del mediodía, el abogado defensor de Bernardi, Manuel Masa, reiteró ante la prensa que “no existe una sola prueba real en la imputación contra mi cliente”; y sostuvo que las acusaciones sobre la presunta corrupción de las jóvenes, que eran internas de un hogar de menores, partieron de una empleada de Desarrollo Social, como venganza contra el juez suspendido porque tiempo atrás habría condenado a un hermano suyo.

Estuvo en la misma rueda con periodistas el letrado Guillermo Suárez, patrocinante de Julio Antueque, cuidador de la casa quinta de Bernardi y también imputado en la causa, quien admitió que su cliente – adicto a las drogas y el alcohol- organizaba reuniones con chicas en esa residencia de las afueras, “pero el dueño no estaba presente y nunca hubo sexo” según afirmó.

 

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